El Ministerio de Economía ha publicado en el BOE una nueva orden ministerial para regular más las tarjetas revolving. Después de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los intereses de este tipo de financiación, parece que el Gobierno se ha puesto manos a la obra para mejorar la transparencia y la información de estos productos y evitar su mal uso. Esta orden ministerial tiene cuatro puntos cruciales en cuanto al uso e información de estas tarjetas de crédito y que afectarán a los usuarios de las mismas.
¿Qué dice la nueva normativa para las tarjetas revolving?
La nueva orden ministerial tiene cuatro puntos principales:
Mayor transparencia al contratar tarjetas revolving
Tanto en las comunicaciones publicitarias como en la información precontractual se exigirá mayor transparencia y una explicación más clara en cuanto al funcionamiento de este tipo de líneas de crédito y su coste total al utilizarlas para que el cliente sepa de antemano qué está firmando.
Simulaciones al comprar con una tarjeta de crédito
Se exigirá también que los clientes reciban, cada vez que paguen a plazos una compra con este tipo de tarjetas bancarias, ejemplos concretos de cuánto pagarán según la cuota que se elija. Actualmente, las aplicaciones dan la opción de elegir la forma de pago aplazado y la cuota, pero rara vez se informa del coste total y el plazo según lo que se elija.
Mayor exigencia de requisitos para los clientes
Se pedirá que los bancos confirmen que la persona a quien le conceden una tarjeta revolving tenga una solvencia suficiente para pagar la totalidad del capital reembolsado en un máximo de cuatro años con un interés del 25%, es decir, si nos conceden un límite de crédito de 1.000 euros, la entidad deberá asegurarse de que tenemos la solvencia suficiente para reembolsar 250 euros al año (más intereses).
No obstante, esto no limita el plazo máximo a cuatro años, si no que nuestra solvencia debe permitirnos al menos reembolsar un cuarto de la deuda anualmente.
Mayor control sobre la solvencia de los usuarios
Finalmente, la normativa también afectará a los partes que deberán dar los bancos al CIRBE. Así, todos los préstamos y créditos superiores a 1.000 euros (antes superiores a 9.000 euros), incluyendo las tarjetas de crédito, se deberán incluir en este fichero. Esto dará a los bancos una idea más concreta de quiénes tienen varios créditos de pequeños importes y puede evitar que un usuario se sobreendeude.
¿Cómo afectará a los usuarios la legislación sobre estas tarjetas?
En términos informativos se trata de una gran medida, ya que nos ayudará a estar más informados sobre cómo funcionan las tarjetas revolving antes de contratarlas y podremos conocer el coste total de pagar una compra a plazos antes de hacerlo.
Evitará también que contratemos más líneas de crédito de las que podríamos reembolsar, cortando un posible sobreendeudamiento por tener varias tarjetas de crédito que utilicemos para pagar de manera aplazada.
No obstante, la orden ministerial no resuelve uno de los grandes problemas de las tarjetas, ya que no limita ni los plazos ni las cuotas mínimas para reembolsar el crédito, que hacen que el cliente pueda devolver un importe muy reducido cada mes, lo que provoca que se generen plazos de devolución muy largos e intereses más altos. En su lugar, mejora la transparencia para que el cliente esté más informado y le delega la responsabilidad de usar con cabeza estos créditos. Así que, al final, el cliente sigue teniendo la responsabilidad de informarse y de escoger un modo de pago adecuado.
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