El consejo de Ministros dio este martes, 1 de febrero, luz verde al proyecto de la primera ley de vivienda estatal. Con esta propuesta, que ahora pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria, se pretende impulsar el mercado del alquiler a través de incentivos fiscales y limitando los precios en zonas tensionadas.

Lo cierto es que se trata de una ley que ha estado rodeada de polémica. En un principio el sector inmobiliario cargó contra ella. “Discriminatoria, intervencionista, de dudosa constitucionalidad, ineficaz, contraproducente y generadora de inseguridad jurídica”, fueron solo algunos de los adjetivos con los que la atacaron. Más tarde, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el anteproyecto por pretender una “expropiación de competencias” autonómicas en esta materia.

Sin embargo, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales ya ha visto la luz y nosotros repasamos las principales claves.

Limita la subida de los precios de los alquileres

La Ley de Vivienda contempla limitar la subida de los precios de los alquileres, pero tendrá un alcance máximo de 150.000 viviendas (sobre un parque total que supera los 3,5 millones de casas en alquiler) y solo se aplicará si las comunidades autónomas y los ayuntamientos así lo deciden.

El Ejecutivo pretende limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas —empresas e instituciones— propietarias de más de 10 viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior.

La declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.

Con esta medida el Gobierno pretende estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional. Por ejemplo, en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%; si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas, la deducción será del 70% y si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.

¿Qué sucede con las viviendas vacías?

El texto define la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI. Un aumento que podría suponer pagar 1.600 euros al año más por el impuesto, según cálculos realizados por Fotocasa. Con esta medida, el Ejecutivo busca promover la salida de estas propiedades al mercado y movilizar el sector de la venta.

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Vivienda social y protegida

Para incrementar el parque público, esta norma establece la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y de este porcentaje, la mitad debe ser para alquiler.

Además, el  parque público de vivienda social estará sujeto a permanente protección y no podrá ser enajenado.

Crea también la figura de la «vivienda asequible incentivada»,  de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales a cambio de ser destinada al alquiler a precios reducidos.

Y establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva.

La aplicación de la nueva ley recae sobe cada comunidad autónoma

La aplicación de todo lo anterior está sujeto a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen la mayoría de competencias en materia de vivienda, decidan declarar una zona como área tensionada de precios. De lo contrario, el mercado seguirá funcionando como hasta ahora y no experimentará ningún cambio.