Comprar una vivienda en España por los ciudadanos extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea será mucho más caro a partir de ahora. Así lo planteó una de las nuevas propuestas incluidas en la proposición de ley presentada por el PSOE la semana pasada, dentro del paquete de medidas para facilitar el acceso al alquiler en nuestro país, y que empieza a tomar forma.

En concreto, la medida consiste en crear un nuevo impuesto complementario al actual impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que afectará únicamente a los compradores extranjeros que residan fuera de la UE. En la práctica, este tributo supondría que el coste final de adquirir una vivienda para estos ciudadanos sería el doble del precio de compra.

Un ejemplo: pagar 600.000 euros… y otros 600.000 en impuestos

Según un ejemplo elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), si un ciudadano extranjero compra una vivienda de segunda mano en España por 600.000 euros, deberá pagar, en primer lugar, el ITP correspondiente en su comunidad autónoma. En el caso de Madrid, donde el tipo medio es del 6%, esa cifra sería de 36.000 euros.

Pero además, con la nueva normativa, se añadiría un tributo estatal complementario que exigiría abonar al Estado la diferencia entre el valor del inmueble y lo ya pagado en ITP. Es decir, en este caso, otros 564.000 euros.

El resultado: una operación que inicialmente cuesta 600.000 euros termina suponiendo un desembolso total de 1,2 millones de euros. Es decir, el comprador paga en impuestos lo mismo que por la vivienda.

Una medida polémica y con dudas legales

El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha calificado esta medida como una auténtica «locura», y advierte de que genera una doble carga fiscal, algo que podría derivar en conflictos legales. «La consideración de si este nuevo impuesto es o no confiscatorio la acabarán resolviendo los tribunales», ha señalado.

Más allá del impacto fiscal inmediato, también hay preocupación por las consecuencias a medio y largo plazo. Si un comprador extranjero paga el doble por un inmueble, es muy probable que incurra en pérdidas económicas en el momento en que intente vender la propiedad. Esto, según Fernández, podría desincentivar fuertemente la inversión extranjera no residente en el mercado inmobiliario español.

¿Una barrera al capital extranjero?

España ha sido tradicionalmente un destino atractivo para inversores extranjeros, especialmente en zonas turísticas y costeras.

Aunque el objetivo del Gobierno es facilitar el acceso a la vivienda para los residentes y frenar la especulación, esta fórmula genera serias dudas sobre su proporcionalidad, viabilidad legal y eficacia real.